Implicaciones para las empresas de la Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones
Las implicaciones para las empresas de la Ley 2/2023 reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas son muy importantes. Veamos
¿Qué es la ley 2/2023 reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas?
Esta ley, aprobada por el Congreso de los Diputados el pasado 15 de junio, tiene como objetivo garantizar la seguridad y los derechos de las personas que denuncien casos de corrupción, fraude, malversación o cualquier otra conducta ilícita que afecte al interés público.
La ley establece una serie de medidas para proteger a los informantes, tales como:
- La confidencialidad de su identidad y de los datos que aporten.
- La prohibición de cualquier represalia o discriminación por parte de su empleador o de terceros.
- La asistencia jurídica gratuita y el acceso a programas de apoyo psicológico y social.
- La posibilidad de solicitar medidas cautelares ante los tribunales para salvaguardar sus derechos e intereses.
- La indemnización por los daños y perjuicios que sufran como consecuencia de su denuncia.
Para ilustrar la importancia de estas medidas, podemos mencionar algunos ejemplos de personas que se han visto afectadas por denunciar irregularidades en sus ámbitos de trabajo:
– Ana Garrido, la funcionaria que destapó la trama Gürtel en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, sufrió acoso laboral, amenazas y depresión, y tuvo que abandonar su puesto y su país.
– Luis Gonzalo Segura, el ex teniente del Ejército que denunció casos de corrupción, abusos y maltratos en las Fuerzas Armadas, fue expulsado del servicio y perdió todos sus derechos como militar.
– Roberto Macías, el ex trabajador de UGT Andalucía que reveló el uso fraudulento de fondos públicos por parte del sindicato, fue despedido y se enfrenta a una querella por revelación de secretos.
Un canal único y seguro gestionado por la Agencia Estatal de Protección de las Personas que Informen sobre Infracciones Normativas
La ley también crea un canal único y seguro para recibir y tramitar las denuncias, que será gestionado por la Agencia Estatal de Protección de las Personas que Informen sobre Infracciones Normativas (APPIN). Esta agencia se encargará de verificar la veracidad y relevancia de las denuncias, así como de derivarlas a las autoridades competentes para su investigación y sanción.
La ley 2/2023 supone un avance significativo en la lucha contra la corrupción y la impunidad en España, alineándose con las recomendaciones y estándares internacionales en materia de protección de los informantes. Con esta ley, se reconoce el valor social y cívico de las personas que se atreven a denunciar las irregularidades que observan en su entorno laboral o profesional, y se les ofrece un marco legal que garantice su seguridad y sus derechos.
¿Cuáles son las implicaciones para la empresa?
La Ley 2/2023 establece la obligación de las empresas con 50 o más trabajadores de contar con un procedimiento interno para la denuncia de estas conductas, que garantice la confidencialidad y la no represalia al informante. Además, la ley reconoce la conveniencia de contar con la colaboración de los futuros informantes y les hace sujetos medidas de protección frente a potenciales represalias.
¿Qué pasa si una empresa no cumple con la ley?
La Ley 2/2023 establece sanciones económicas para las empresas que incumplen la ley. Si los infractores son personas físicas pueden ir de 1001 euros hasta los 300.000 euros. Si lo infractores son personas jurídicas, la sanción puede llegar hasta 1.000.000 euros.
¿Cómo se lleva a cabo una denuncia según esta ley?
La Ley 2/2023 establece la obligación de las empresas de establecer canales de denuncia internos para que los empleados puedan informar sobre infracciones penales o administrativas (graves o muy graves) a través de sistemas internos de información corporativos (canales de denuncia o de información), ya sea de manera verbal o escrita, de forma confidencial o anónima.
¿Qué pasa si un informante hace una denuncia falsa o maliciosa?
La Ley 2/2023 establece sanciones económicas para las personas físicas que hagan denuncias falsas o maliciosas que pueden ir desde los 1001 euros hasta los 300.000 euros. Si los infractores son personas jurídicas, la sanción puede llegar hasta 1.000.000 euros¹².
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